Dudas y prácticas autónomas feministas ante las políticas públicas y las garantías de buena vida para las mujeres*
Francesca Gargallo Celentani
Ciudad de México, 7 de marzo de 2013
Foro “Políticas de Igualdad de Género en México: avances e insuficiencias”, organizado por la Maestría en Estudios de la Mujer, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM- Xochimilco), Auditorio Javier Mina de la UAM Xochimilco, Ciudad de México
Ciudad de México, 7 de marzo de 2013
Foro “Políticas de Igualdad de Género en México: avances e insuficiencias”, organizado por la Maestría en Estudios de la Mujer, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM- Xochimilco), Auditorio Javier Mina de la UAM Xochimilco, Ciudad de México
Queridas amigas:
Les agradezco esta invitación que me sorprende en cuanto yo no comparto como feminista ningún interés por las así llamadas políticas públicas para las mujeres, interesándome más bien por los diálogos entre mujeres que sugieran cambios culturales profundos, digamos la superación de las relaciones jerárquicas entre géneros, no mediados por el estado que, considero, tiende más bien a mantenerlas intentando volverlas menos agresivas, domesticándolas a la nueva terminología política.
No obstante, es cierto que así como en el origen de todos los sindicatos hubo algún brío socialista, no importa en qué hayan derivado después, en el génesis de la organización de las políticas públicas para las mujeres hubo el atrevimiento de plantear la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, propia de las tendencias igualitaristas del feminismo emancipacionista, que ha derivado en un interesante afán de superar la idea misma de igualdad en nombre de una mayor justicia social. El intento de afirmar la equidad de género podría insertarse en esta aspiración. Desgraciadamente, para alcanzarla es necesario acabar con la heteronormatividad de las relaciones entre las personas; el reconocimiento de ese límite es muy lento y no se acaba con el derecho al matrimonio entre mujeres, si la relación sigue siendo pensada en términos de monogamia y permanencia.
Les agradezco esta invitación que me sorprende en cuanto yo no comparto como feminista ningún interés por las así llamadas políticas públicas para las mujeres, interesándome más bien por los diálogos entre mujeres que sugieran cambios culturales profundos, digamos la superación de las relaciones jerárquicas entre géneros, no mediados por el estado que, considero, tiende más bien a mantenerlas intentando volverlas menos agresivas, domesticándolas a la nueva terminología política.
No obstante, es cierto que así como en el origen de todos los sindicatos hubo algún brío socialista, no importa en qué hayan derivado después, en el génesis de la organización de las políticas públicas para las mujeres hubo el atrevimiento de plantear la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, propia de las tendencias igualitaristas del feminismo emancipacionista, que ha derivado en un interesante afán de superar la idea misma de igualdad en nombre de una mayor justicia social. El intento de afirmar la equidad de género podría insertarse en esta aspiración. Desgraciadamente, para alcanzarla es necesario acabar con la heteronormatividad de las relaciones entre las personas; el reconocimiento de ese límite es muy lento y no se acaba con el derecho al matrimonio entre mujeres, si la relación sigue siendo pensada en términos de monogamia y permanencia.
Pero veamos si puedo y cómo puedo leer como feminista no interesada en el estado las políticas públicas para las mujeres en la actualidad mexicana.
El mes de enero de 2013 inauguró el actual panorama de las mujeres en México con dos hechos, uno heroico y el otro burocrático.
El primero: la Caminata por la Vida y la Justicia de las Jóvenes en Chihuahua, una peregrinación de tres madres y un padre de víctimas de feminicidio, a los que se sumaron unas 50 activistas y familiares, que cruzaron 376 kilómetros en seis días de Ciudad Juárez a Chihuahua, a diez grados bajo cero y con ropa y zapatos inadecuados para el frío. Su exigencia era –una vez más– el esclarecimiento de los casos de asesinatos de mujeres, por ello pretendían llegar el 21 de enero a entregar al gobernador Duarte su pliego petitorio: que se tipifique como delito la desaparición de personas y que se entreguen a sus familiares los restos óseos de 197 mujeres que están en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Ciudad Juárez y que siguen retenidos, algunos desde hace varios años, de acuerdo con los datos del Comité de Madres y Familiares de Jóvenes Desaparecidas.
César Duarte no estaba en la ciudad, acompañaba al flamante neo-presidente en una gira contra el hambre en Chiapas, plagada de errores sobre la necesidad de ingesta de carne y otros lugares comunes sobre la desnutrición. Menos de un mes después, el 11 de febrero, algunas madres de desaparecidas denunciaron que policías las estaban acosando y que las viviendas de algunas de ellas habían sido allanadas sin motivo.[1]
El segundo hecho fue el recambio en la dirección del Instituto Nacional de las Mujeres. Hubo un amago de presentación de una terna de candidatas, una de la sociedad civil, y de pronto quedó designada, que no elegida, Lorena Cruz Sánchez, una guapa y poco conocida administradora de empresas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Algunos grupos feministas manifestaron su repudio, asegurando que la directora del INMUJERES no cumple con el perfil necesario de una defensora de las mujeres en uno de los países con el más alto índice de violencia feminicida del mundo. Directora general del DIF del estado de México y subsecretaria de Desarrollo Regional del Valle de Toluca, Cruz Sánchez durante la última administración estatal había sido también vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social donde demostró poquísimo interés en frenar la violencia contra las mujeres de su entidad, una de las más peligrosas del país. De hecho, cuando en julio de 2012, siete menores de edad resultaron agredidas sexualmente al ser asaltado por una banda de 12 hombres y una mujer, un retiro espiritual juvenil, donde confluyeron 85 personas en el parque ecológico Colibrí de la zona boscosa de Ixtapaluca y dos de las niñas fueron violadas,[2] ella apenas levantó la voz.
Un panorama en pocas palabras, casi violento en su inmutabilidad, que había sido conjurado por Amnistía Internacional en julio de 2012 cuando en Londres afirmó que, en vez de mejorar, la situación de las mujeres en México está empeorando.[3]
En menos de tres años, en efecto, la incidencia de los feminicidios ha pasado del 6% de todos los asesinatos al 9%. Si entre 1985 y 2009, los asesinatos de mujeres en el país ascendieron a 34,000, sólo en 2010 fueron 2,418.
Creo que después de estos datos es el momento de reflexionar sobre qué es lo que el feminismo piensa del derecho a la buena vida de las mujeres. ¿Vivimos mejor las mujeres que hace 50 años? ¿Cuáles mujeres y dónde? ¿Las políticas públicas tendientes a la superación de la discriminación han logrado algo más que separar a las mujeres entre dirigentes, explotadas y desempleadas? Yo creo que sí, la historia del feminismo lo demuestra. Tenemos derechos civiles, aunque no hayamos logrado superar el clasismo, el racismo, las diferencias etarias y la discriminación de niñas y mujeres. Creo que tenemos un más amplio acceso a la educación, a pesar de las restricciones que ha sufrido la educación de masas por el embate del neoliberalismo. Nuestras sexualidades se explayan con una mayor autonomía de la complementariedad entre los sexos, idea que sostuvo la heteronormatividad por siglos. Estoy segura de que yo y la mayoría de las mujeres letradas urbanas somos más libres de la necesidad de protección de un hombre de lo que se sintieron jamás nuestras madres, abuelas y bisabuelas; no obstante, la historia inmediata me dice también que no hay logro que esté garantizado: el proceso de liberación de las mujeres no está a salvo de ser revertido por el embate de fuerzas reaccionarias, sobre todo cuando pierde el equilibrio porque deja de avanzar.
Según una investigación realizada en doce países de América por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), en colaboración con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), todas entidades que no pueden ser consideradas ni mínimamente feministas, entre el 17 y el 53% de las mujeres entrevistadas (¡180,000!) han reportado haber sufrido o sufrir violencia o abuso por ser mujeres. Sin embargo, el 64% de ellas no buscó ayuda ni denunció porque la transgresión de los derechos humanos implícita en la violencia contra las mujeres no se registra como tal ni siquiera por las víctimas.[4]
Pero veamos si las acciones de los institutos y los centros de apoyo a las mujeres y las ONG que colaboran con ellos en “políticas públicas” han incidido realmente en un cambio cultural para revertir la misoginia en México, país donde en enero una niña de 9 años dio a luz una bebé fruto de una violación de un muchacho de 17 años[5] y el 4 de febrero el presidente municipal de Acapulco, Luis Walton Aburto, tuvo la desfachatez de afirmar que las violaciones se comenten en todo el mundo, para minimizar el hecho que cinco delincuentes armados, tras asaltar a 14 turistas, violaron a las seis mujeres del grupo.[6]
Por supuesto, ningún instituto de las mujeres es feminista, ni uno siquiera se esfuerza para frenar que la prensa y la televisión se dediquen a re-significar el feminismo como el machismo de las mujeres, aunque en el DF hayan atendido 20 000 mujeres en un año al darle apoyo jurídico y psicológico. Por otro lado, en las marchas de oposición se le llama “puta de cabaret” al político que se quiere denostar y hay policías que creen que la trata de mujeres no es un delito muy grave. No obstante, el liberalismo ha descubierto que el segundo sueldo de una familia es indispensable para mantener en crecimiento el consumo y fomenta el trabajo complementario de las mujeres en una estructura de pareja, sin derechos laborales ni horarios que se acoplen a actividades placenteras: el estudio, la crianza de las hijas/os, el disfrute del tiempo libre. Estos hechos nos develan una paradoja: con el derecho al trabajo asalariado las mujeres en 50 años hemos logrado institucionalizar la doble jornada, sin acceder a la liberación individual y perdiendo el sostén marital al trabajo doméstico.
Paralelamente, la generalización y el aumento de los feminicidios remiten de inmediato a una falta de compromiso real de las autoridades para con la buena vida de las mujeres. Con movilidad laboral pero sin libertad de movimiento, con autos pero sin tiempo para sentarse en una banca a leer, con escasos trabajos y la amenaza de perderlos en cualquier momento, con calles, fronteras y lugares de esparcimiento cada día más militarizados y peligrosos, las mujeres sufrimos los embates de una cultura hiperindividualista y consumista que nos transmite prejuicios contra la solidaridad entre iguales y una perniciosa suspicacia hacia todas las actividades que no reditúan ganancias. Del bullying o acoso escolar, pasamos a la competitividad universitaria y de ahí transitamos al mobbing o intimidación laboral. La falta de cultura política nos aleja del activismo que podría reunirnos alrededor de la consecución de un logro común, despertándonos interés y camaradería. Las mujeres estamos cada día más solas; la liberación de las cadenas familiares sin liberar a la cultura de los prejuicios contra la sexualidad y la amistad nos aísla, orillándonos a relaciones de noviazgo y de pareja violentas, plagadas de celos, exigencias y descalificaciones.
¿Quién exige hoy una educación inclusiva, una ética de la información y un efectivo respeto a las formas de organización y producción de las mujeres en un mundo ecológicamente más estable y económicamente menos consumista? Las feministas y pequeños grupos de hombres que han asumido una metodología feminista de grupo de autoconciencia y trabajan colectivamente para liberarse del mandato de géneros patriarcal que les exige ser violentos e insensibles. Hombres que se están percatando que “hombre” no significa ser humano y que la impartición de justicia no descansa ni en el uso de las armas ni en el abuso de las cárceles.
Ahora bien, desde su creación en enero de 2001, para garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres, el INMUJERES se propuso siete objetivos estratégicos:
1. Institucionalizar una política transversal con perspectiva de género en la Administración Pública Federal y en el sector privado;2. Garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación;3. Acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad y la protección civil;4. Acceso a una vida libre de violencia;5. Fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades y reducir la desigualdad de género;6. Potenciar su autonomía económica en favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo;7. Impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación y representación en espacios de toma de decisiones en el Estado.
A nadie le queda claro qué significa
institucionalizar una política ni impulsar el empoderamiento, ni cómo se
va a garantizar el acceso a una vida libre de violencia, pero, bueno,
el uso de una terminología importada y vacía es parte de la expresión de
todas las burocracias que no revisan sus prácticas autoritarias. Decir
que se hacen cosas que no tienen significado para la más común de las
receptoras es una forma de imposición despótica. No obstante, algo más
grave es que una institución no le pida a las ciudadanas para las cuales
ha sido instituida qué desean y no pueda llevar a cabo lo que le da
sentido.
Según el ya citado Informe de Amnistía Internacional ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de la ONU, la impunidad ante la violencia creciente y la discriminación contra las mujeres en México se da a pesar de las leyes que se han aprobado en los últimos años, debido a que las autoridades del país no protegen a las víctimas de la violencia de género ni garantizan que los responsables respondan ante la justicia y sean reeducados.
“En los últimos años, México ha aprobado varias leyes y creado instituciones destinadas a proteger a la mujer de la violencia. Sin embargo, gran parte del problema radica en la no aplicación efectiva de estas leyes y en la debilidad de las instituciones”, dijo el autor del informe, Rupert Knox, en un comunicado emitido desde su sede en Londres.[7]
Amnistía Internacional apunta que la violencia suele ir ligada a las agresiones sexuales, que son minimizadas e invisibilizadas por un sistema de justicia indiferente que se sostiene en diversos patrones culturales, fomentando que muchas familias prefieran no denunciar una violación sexual o un acto de acoso al no confiar en las instituciones ni en los agentes. Por ejemplo, el Ministerio Público de México recibió en 2009 casi 15,000 denuncias de violación en todo el país, pero AI calcula que en realidad se produjeron alrededor de 74,000 ya que sólo un 15% de las agresiones sexuales se denuncian. De los casos llevados ante los tribunales, únicamente 2,795 terminaron con una condena y algunas de las víctimas, en particular las mujeres de los pueblos indígenas (los delitos contra las cuales quedan en la impunidad por la mezcla de patrones sexistas y racistas de los que una cultura política autoritaria no quiere deshacerse), tuvieron que llevar su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, haciendo que México, por ejemplo, fuera condenado por el caso de Inés y Valentina, dos mujeres mee’ phaa violadas por militares en Guerrero.
La impunidad ante los crímenes contra las mujeres, siendo que 6 de cada 10 son o han sido víctimas de alguna agresión sexual, ha provocado que muchas emprendan acciones de visibilidad y campañas para proteger sus derechos. A raíz de ello, en los últimos años las activistas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres se han convertido en el blanco de una violencia misógina sin límites, delincuencial, privada y aún policiaca, que redunda en una cultura del desprecio de la vida y las actividades femeninas.
Según el ya citado Informe de Amnistía Internacional ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de la ONU, la impunidad ante la violencia creciente y la discriminación contra las mujeres en México se da a pesar de las leyes que se han aprobado en los últimos años, debido a que las autoridades del país no protegen a las víctimas de la violencia de género ni garantizan que los responsables respondan ante la justicia y sean reeducados.
“En los últimos años, México ha aprobado varias leyes y creado instituciones destinadas a proteger a la mujer de la violencia. Sin embargo, gran parte del problema radica en la no aplicación efectiva de estas leyes y en la debilidad de las instituciones”, dijo el autor del informe, Rupert Knox, en un comunicado emitido desde su sede en Londres.[7]
Amnistía Internacional apunta que la violencia suele ir ligada a las agresiones sexuales, que son minimizadas e invisibilizadas por un sistema de justicia indiferente que se sostiene en diversos patrones culturales, fomentando que muchas familias prefieran no denunciar una violación sexual o un acto de acoso al no confiar en las instituciones ni en los agentes. Por ejemplo, el Ministerio Público de México recibió en 2009 casi 15,000 denuncias de violación en todo el país, pero AI calcula que en realidad se produjeron alrededor de 74,000 ya que sólo un 15% de las agresiones sexuales se denuncian. De los casos llevados ante los tribunales, únicamente 2,795 terminaron con una condena y algunas de las víctimas, en particular las mujeres de los pueblos indígenas (los delitos contra las cuales quedan en la impunidad por la mezcla de patrones sexistas y racistas de los que una cultura política autoritaria no quiere deshacerse), tuvieron que llevar su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, haciendo que México, por ejemplo, fuera condenado por el caso de Inés y Valentina, dos mujeres mee’ phaa violadas por militares en Guerrero.
La impunidad ante los crímenes contra las mujeres, siendo que 6 de cada 10 son o han sido víctimas de alguna agresión sexual, ha provocado que muchas emprendan acciones de visibilidad y campañas para proteger sus derechos. A raíz de ello, en los últimos años las activistas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres se han convertido en el blanco de una violencia misógina sin límites, delincuencial, privada y aún policiaca, que redunda en una cultura del desprecio de la vida y las actividades femeninas.
Las alternancias políticas no redundan en beneficio de las mujeres. Tal y como los municipios autónomos, los grupos, colectivas y espacios feministas saben que un partido vale otro a la hora de menospreciar sus demandas de buena vida. En Oaxaca, por ejemplo, el colectivo ciudadano Huaxyacac denunció que de 2010 a 2012 se registraron 173 casos de feminicidios en el estado, evidenciando que la alternancia política no contribuyó a la reducción de los asesinatos de mujeres y niñas. Por el contrario, el número de estos delitos aumentó cerca de la mitad, si se compara con los 115 casos que se registraron durante los últimos dos años de la muy autoritaria y brutal gestión de Ulises Ruiz.
Según el informe “¡Justicia ya!”, presentado en febrero recién pasado, la violencia familiar y los ataques y abusos sexuales son un drama continuo en la vida de las mujeres y niñas oaxaqueñas, porque su constante repetición termina por hacerlos ver como “normales y aceptables” por la sociedad. “Este tipo de violencia es mucho más frecuente de lo que aparece en las estadísticas, así como una de las que menos se denuncian y de las más estigmatizadas por la sociedad y los servidores públicos, pues se tiene la mal fundada creencia de que la mujer es quien la ‘provoca’”.
Las oaxaqueñas, sin embargo, tienen muy detectados los casos de violencia obstétrica y los partos por cesáreas innecesarias como violaciones sistemáticas de los derechos humanos a la hora de la atención en el embarazo y el nacimiento, no respetando la integridad corporal de la mujer. Saben que, sin embargo, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña no hace mucho para erradicarla de las instituciones de salud pública. Tampoco obtiene resultados en los casos de desapariciones vinculadas a las redes de tráfico de personas para fines de explotación sexual, ni puede prevenir los casos de suicidios fruto de la violencia de género.
Las feministas y defensoras de las mujeres oaxaqueñas han llamado la atención sobre la necesidad de incrementar la sensibilización y la conciencia social y de reformar las políticas en defensa a la vida de las mujeres mediantes programas escolares, mediáticos y jurídicos para evitar “la normalización y aceptación pasiva de actos dolorosos e indignantes contra mujeres y niñas”. La capacitación de profesionales en el área de salud y en el área jurídica debería ser una prioridad para el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, así como la aplicación de políticas públicas de “Tolerancia Cero para la Violencia de Género en el Gobierno Estatal” y la demandada implementación de programas reeducativos en los Centros de Reeducación para Agresores, ya previsto en la Ley de Acceso para las Mujeres a una vida libre de violencia de género.[8]
Las feministas hoy sabemos que la acción misógina en contra de las mujeres se ha renovado, siendo más astuta y soterrada que hace 50 años, cuando el machismo pecaba de ingenuidad. Los hombres y sus instituciones se han hecho de un lenguaje y una ley políticamente correctos que obvian las expresiones más abiertamente reconocibles de discriminación, pero que fortalecen de hecho las desventajas reales y simbólicas de lo relacionado con el mundo femenino. Se habla positivamente de los retos y la competitividad mientras se ningunean los valores de la calma y el respaldo mutuo. Los derechos de los padres se construyen sobre el despojo de los derechos que las madres lograron después de que por siglos fueron arrancadas de sus hijos por una ley de familia que sólo los veía a ellos como pater familiae. La economía sustituye a la moral en nombre de la sensatez liberal para lograr lo mismo: ahora a las madres se les quita la custodia de sus hijos porque ganan menos que los padres. De la misma forma, los hombres europeos, estadounidenses, canadienses y australianos logran siempre la custodia de sus hijos cuando las madres son latinoamericanas, asiáticas o africanas. Racismo y sexismo, una vez más van de la mano. Además en África, Asia y Latinoamérica, esgrimen las y los jueces europeos de lo familiar, las escuelas no tienen nivel, las calles son peligrosas, la sociedad corrupta. Las discriminaciones se suman impunemente a las discriminaciones.
Cuando en 1981 se redactó la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer era obvio que no se podía seguir tolerando que las mujeres no votaran o no tuvieran acceso a la escuela; no obstante, sus derechos políticos siguen siendo violados por gobiernos donde las diputadas y senadoras están en flagrante minoría y las academias omiten a la hora de otorgar becas los intereses de las estudiantes hacia los aportes de sus congéneres o la concreta realidad de esas jóvenes que quieren tener hijos o cuidar con afecto a sus mayores. Personalmente considero aún más grave (siendo mucho menos visible) que las mujeres no tengan opciones de elección que no sean las dictadas por una sociedad que las desprecia intelectualmente, suponiéndolas débiles e incapaces de esfuerzos conceptuales, discontinuas en sus decisiones, exigiéndoles repetidamente “pruebas” de obediencia a patrones excluyentes y androcéntricos.
Siendo la mitad de las matriculadas en las universidades públicas, sus investigaciones siguen sin tener reconocimiento de “universalidad” (sólo la masculinidad sigue siendo ecuménica, pues) y sus esfuerzos laborales reciben entre el 3 y el 24% menos remuneración que los de los hombres.[9] En el ámbito de las artes se presume su falta de originalidad en la creación; si hacen filosofía, se infiere que sus argumentos son parciales; si sostienen una historia múltiple se sospecha la parcialidad (por lo menos, mientras la idea no sea retomada por un grupo de estudio masculino). Casos gravísimos, como el de Derrida que nunca le reconoció a Luce Irigaray el descubrimiento del valor positivo de la diferencia o la definición de Cien años de soldad de Gabriel García Márquez como el primer libro del realismo mágico cuando Elena Garro había publicado un año antes Los recuerdos del porvenir, evidencian que es la voz masculina la que hace aceptable social e intelectualmente una idea transformadora. La discriminación sexista tiene hoy el rostro de la descalificación de lo femenino. Se cuestiona la palabra puta, denunciando que lo que se prostituye tiene la marca de la condena de la sexualidad vendida de las mujeres, pero se habla sin recato del servicio sexual y de las y los sexo-servidores omitiendo que el cuerpo para el otro, el cuerpo para y de servicio (y el servicio del cuerpo) construye a la mujer en la historia patriarcal.
La sexo-servidora es a la puta lo que lo políticamente correcto a la injuria: un insulto disfrazado, una descalificación que refuerza la marginación sin evidenciar la segregación que nos asusta y ofende como bueno/as ciudadano/as.
Así ahora a las feministas nos resulta muy enredada la tarea de liberarnos de los roles, comportamientos y marcas de género que definen qué es una mujer o un hombre en la sociedad, partiendo de la identificación de lo humano con lo masculino y de lo femenino con lo que hay que superar.
Y nos la hacen más difícil aún las instituciones que barajan las acciones de impartición de una justicia no sesgada por prejuicios sexo-genéricos con acciones específicas de instancias burocráticas de cabildeo. Que dejan para un después indefinido la urgente necesidad de una educación que desde la primaria no discrimine los aportes y las necesidades de mujeres y hombres. Que confunden la repetitiva comisión de un delito con una costumbre. Que no censuran, denuncian y persiguen legalmente a los empresarios y políticos que ofenden a las mujeres, su condición sexual y sus derechos. Que son permisivas con la violencia patriarcal y la supremacía del hombre en la ley. Y que no proponen la puesta en práctica de capacidades y recursos en el trabajo colectivo de intercambio de experiencias y de tomas de decisiones no individualistas, sino la vigorización del autoritarismo de algunas mujeres por encima de la colectividad, reconociéndolas como lideresas o caudillas.
Es sólo desde el movimiento, el conjunto de acciones pequeñas, reflexivas y pactadas, que la sociedad de las mujeres se expresa y retoma su afán transformador de la realidad de las mujeres. De esa forma se han tejido las redes de activistas contra la desaparición que escuchan a las madres de los y las migrantes centroamericanas en México y señalan la trata, la esclavitud y los asesinatos por extorsión que comete un crimen organizado que se sostiene en la corrupción. Es de estos grupos de madres y de activistas que Amnistía Internacional ha sabido de la situación de las emigrantes irregulares procedentes de Centroamérica que cruzan México para llegar a Estados Unidos, que también son víctimas habituales de crímenes contra la vida y la integridad física y sexual y que están sometidas a un mayor grado de desprotección.
Los colectivos, las relaciones autónomas de mujeres, los trabajos de pequeño grupo son antiautoritarios, pues no obedecen mandatos de superiores jerárquicas y se enfrentan a los preocupantes repuntes de la violencia contra las mujeres. Son redes, encuentros, equipos de mujeres que se tejen entre sí porque se confían unas a otras. En efecto en la actualidad existe un gran malestar de las mujeres ante nuevos patrones de conducta que no responden a sus deseos y que desean externar: sienten la opresión cultural por el cuerpo delgado impuesto como sinónimo de salud y estética, registran el control que el miedo ejerce sobre su libertad de movimiento y expresión, anotan las necesidades construidas por la publicidad, razonan acerca de una sexualidad poliamorosa, alejada de los patrones matrimoniales que el sistema recicla a través del matrimonio entre personas del mismo sexo. Algunas se reúnen para aplicar sus artes a decir que no a la violencia criminal y a la violencia de estado: mujeres que bordan contra los feminicidios, pintoras que marcan con siluetas fantasmales las puertas de las casas donde se ejerce violencia doméstica, artistas visuales que hacen performances contra las maternidades secuestradas e intervienen espacios urbanos, escritoras que elaboran denuncias poéticas acerca de la censura de las expresiones femeninas no amordazadas. Hay colectivos que se reúnen para escrachar en los muros o en internet a profesores que acosan a sus estudiantes, a maltratadores, a policías corruptos, a padres que no pagan los alimentos de sus hijos. Las feministas de hoy saben que no pueden renunciar a la justicia, delegando su poder a organismos que institucionalizan pobremente su gran potencial de cambio.
Si las mujeres del municipio de Cherán detuvieron los camiones de los talamontes porque cuando cruzaban por su comunidad las intentaban raptar para violarlas, las mujeres ñuu saavi de la Costa-Montaña de Guerrero pelean juntas contra el hambre que atenaza a sus hijas e hijos, las mixes se organizan como trabajadoras asalariadas del hogar en las ciudades donde migran. Todas desconfían de los partidos y del estado, están hartas de instituciones que llegan a decirles cómo deben actuar y qué deben sentir para ser sí mismas, sujetas de su activismo. Actúan desde su colectividad. Así las rockeras, las comunicadoras, las cuentacuentos que buscan formas diferentes de convivencia y relación.
Los feminismos, diversos, atomizados, se avivan ahora del rescoldo de la fogata encendida hace 42 años (en México) por esas mujeres, nietas desconocidas de sufragistas y anarquistas, que quisieron experimentar el camino de la liberación, deshaciéndose del miedo al padre y al maestro, de la maternidad obligatoria, del odio misógino.
Autónomas, indígenas, populares, educadoras, en diálogo con hombres, disidentes sexuales, las feministas no tenemos hoy los mismos problemas que hace 42 años, a la vez que no hemos logrado superarlos. Sabemos que las estructuras familiares han cambiado y que la presión sobre las instituciones ha provocado la abertura de agencias especiales donde ir a denunciar los delitos sexuales. También sabemos que nuestros compañeros de estudio y de trabajo, así como las instituciones nacionales, no gubernamentales, eclesiásticas e internacionales, se han vuelto muy taimados. Por ejemplo, que las leyes nacionales y los convenios internacionales existen aunque no tengan vigencia para darnos protección a las mujeres en México, debido a la corrupción, la falta de acceso a la justicia y a que la impunidad pone en riesgo toda la población del país, ya que sólo una de cada 21 denuncias tiene seguimiento.
Atesoramos la conciencia que tenemos poderes aunque el poder hegemónico sigue respondiendo a relaciones y contextos de control masculino, como la pareja, la familia, el capital, el trabajo y el estado. El ataque sexual, que en diferentes variantes existe en todas las sociedades patriarcales, también puede tener expresiones muy nuevas, a la vez que no ha superado formas atávicas de furor contra las mujeres. Las nuevas relaciones sociales de inseguridad laboral y de inestabilidad delincuencial favorecen formas de violencia extrema contra las mujeres en nuevos contextos, en ocasiones regionales, como las zonas de tránsito de migrantes, las maquilas, las ciudades fronterizas, y en ocasiones temporales, como los periodos de guerra o posguerra.
¿Cuál es el papel de los institutos de las mujeres hoy, a sabiendas que siguen habiendo lugares donde no se han instalado y ámbitos que evitan tocar, como los que molestan a instituciones tan patriarcales como la iglesia católica? Garantizarnos el derecho a la vida y a la integridad física, emotiva y sexual. No es poca cosa en el segundo país más violento de América Latina contra las mujeres, según el Índice Global de la Paz presentado por Naciones Unidas en agosto del año pasado. Pero no se resuelve sin detener los feminicidios y confrontar policías y gobiernos locales para que las víctimas y sus familiares puedan acceder a la justicia y la reparación del daño. Los institutos de las mujeres deben volver al diálogo con las feministas, deben ir a escucharlas en sus pueblos, comunidades y colectivos y no exigirle autoritariamente que vayan a presentarles “pliegos petitorios” que no cumplirán.
Las feministas confiarán en el sostén que los institutos de las mujeres pueden representar para sus exigencias, cuando éstos recojan las demandas de coeducación, de libertad en la elección de las formas de acceso a la salud para poner fin a la violencia durante la gestación y el parto. Cuando se abstegan de intervenir en las construcciones de redes afectivas imponiendo matrimonios para brindar derechos a la salud, la residencia y la pensión y sostengan los esfuerzos contra la violencia en el noviazgo y las convivencias, garantizando la igualdad de oportunidades de trabajo, estudio y expresión de los deseos de cambio.
Mientras no se impongan en todos los ámbitos de la impartición de justicia, logrando poner fin a los feminicidios y a la violaciones de las migrantes, los institutos de las mujeres seguirán mostrando a las feministas sólo el rostro de su inoperancia.
[3] Informe 2012 Amnistía Internacional, El estado de los Derechos Humanos en el mundo, Artes Gráficas ENCO, Madrid, 2012, http://files.amnesty.org/air12/air_2012_full_es.pdf
[4] Vivian Collazo Montano, “Violencia contra las mujeres, más allá de las estadísticas”, http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1051751&Itemid=1
[5] El 27 de enero de 2013 en el hospital de Zoquipan, Jalisco
[6]
“El grupo armado ató a los hombres que estaban con ellas y luego las
violó. El alcalde dijo que las violaciones pasaban en todas partes del
mundo”. http://noticias.univision.com/noticiero-univision/videos/video/2013-02-05/violan-a-seis-turistas-en-acapulco
[7]
“Amnistía critica la impunidad de la violencia contra las mujeres en
México. El organismo pidió al gobierno actual y al entrante un “mayor
compromiso” para proteger los derechos de la mujer”, CNN, 12 de julio de
2012 a las 08.48, http://mexico.cnn.com/nacional/2012/07/12/amnistia-critica-la-impunidad-de-la-violencia-contra-las-mujeres-en-mexico
[8] Tatiana Félix, “Oaxaca. Con más de 170 feminicidios, organizaciones piden actuación del gobierno y atención de la sociedad”, http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=73464
[9] Las
mujeres, en igualdad de condiciones, cobran menos que los hombres. La
diferencia de sueldo en España es del 15,3% de media y, “en ningún caso,
las mujeres perciben mayor remuneración que los hombres ni por
condicionantes personales, ni empresariales, ni geográficas, ni de
competitividad. Así se desprende del estudio, “Determinantes de la
Brecha Salarial de Género en España”, presentado hoy conjuntamente por
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Consejo
Superior de Cámaras. Los hombres ganan un 20% más que las mujeres en
salario fijo, pero la brecha es más notable respecto a la remuneración
variable. En incentivos las mujeres cobran un 37% menos que sus
compañeros. Son los puestos de responsabilidad los que presentan un
mayor porcentaje de desigualdad salarial. Ellas cobran un 25,9% de media
menos que en los de baja responsabilidad (12,9%). Los de dirección
ocupados por mujeres se retribuyen con un 33,2% de media menos, mientras
que en administración o servicios técnicos la diferencia es un 29,9% y
un 20,3% menos, respectivamente”. http://www.expansion.com/2012/12/13/empresas/1355421743.html
“La desigualdad de ingreso entre mujeres y hombres en México es el
doble de la que prevalece en el promedio de América Latina. La
diferencia en las remuneraciones por género no sólo pone en evidencia un
fenómeno de discriminación. Impedir que las mujeres obtengan ingresos
que merecen no sólo es incorrecto, sino también perjudicial para la
economía, advirtió el Banco Mundial.” http://www.jornada.unam.mx/2011/09/19/economia/034n1eco
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* Texto tomado de: http://francescagargallo.wordpress.com/dudas-y-practicas-autonomas-feministas/
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Autonomía
[foto de marian pessah, 2009]
[foto de marian pessah, 2009]
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