Dudas y prácticas autónomas feministas ante las políticas públicas y las garantías de buena vida para las mujeres*
Francesca Gargallo Celentani
Ciudad de México, 7 de marzo de 2013
Foro “Políticas de Igualdad de Género en México:
avances e insuficiencias”, organizado por la Maestría en Estudios de la
Mujer, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM- Xochimilco), Auditorio
Javier Mina de la UAM Xochimilco, Ciudad de México
Queridas amigas:
Les agradezco esta invitación que me
sorprende en cuanto yo no comparto como feminista ningún interés por las
así llamadas políticas públicas para las mujeres, interesándome más
bien por los diálogos entre mujeres que sugieran cambios culturales
profundos, digamos la superación de las relaciones jerárquicas entre
géneros, no mediados por el estado que, considero, tiende más bien a
mantenerlas intentando volverlas menos agresivas, domesticándolas a la
nueva terminología política.
No obstante, es cierto que así como en el
origen de todos los sindicatos hubo algún brío socialista, no importa
en qué hayan derivado después, en el génesis de la organización de las
políticas públicas para las mujeres hubo el atrevimiento de plantear la
igualdad de derechos entre mujeres y hombres, propia de las tendencias
igualitaristas del feminismo emancipacionista, que ha derivado en un
interesante afán de superar la idea misma de igualdad en nombre de una
mayor justicia social. El intento de afirmar la equidad de género podría
insertarse en esta aspiración. Desgraciadamente, para alcanzarla es
necesario acabar con la heteronormatividad de las relaciones entre las
personas; el reconocimiento de ese límite es muy lento y no se acaba con
el derecho al matrimonio entre mujeres, si la relación sigue siendo
pensada en términos de monogamia y permanencia.
Pero veamos si puedo y cómo puedo leer
como feminista no interesada en el estado las políticas públicas para
las mujeres en la actualidad mexicana.
El mes de enero de 2013 inauguró el actual panorama de las mujeres en México con dos hechos, uno heroico y el otro burocrático.
El primero: la Caminata por la Vida y la
Justicia de las Jóvenes en Chihuahua, una peregrinación de tres madres y
un padre de víctimas de feminicidio, a los que se sumaron unas 50
activistas y familiares, que cruzaron 376 kilómetros en seis días de
Ciudad Juárez a Chihuahua, a diez grados bajo cero y con ropa y zapatos
inadecuados para el frío. Su exigencia era –una vez más– el
esclarecimiento de los casos de asesinatos de mujeres, por ello
pretendían llegar el 21 de enero a entregar al gobernador Duarte su
pliego petitorio: que se tipifique como delito la desaparición de
personas y que se entreguen a sus familiares los restos óseos de 197
mujeres que están en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Ciudad
Juárez y que siguen retenidos, algunos desde hace varios años, de
acuerdo con los datos del Comité de Madres y Familiares de Jóvenes
Desaparecidas.
César Duarte no estaba en la ciudad,
acompañaba al flamante neo-presidente en una gira contra el hambre en
Chiapas, plagada de errores sobre la necesidad de ingesta de carne y
otros lugares comunes sobre la desnutrición. Menos de un mes después, el
11 de febrero, algunas madres de desaparecidas denunciaron que policías
las estaban acosando y que las viviendas de algunas de ellas habían
sido allanadas sin motivo.[1]
El segundo hecho fue el recambio en la
dirección del Instituto Nacional de las Mujeres. Hubo un amago de
presentación de una terna de candidatas, una de la sociedad civil, y de
pronto quedó designada, que no elegida, Lorena Cruz Sánchez, una guapa y
poco conocida administradora de empresas de la Universidad Autónoma del
Estado de México. Algunos grupos feministas manifestaron su repudio,
asegurando que la directora del INMUJERES no cumple con el perfil
necesario de una defensora de las mujeres en uno de los países con el
más alto índice de violencia feminicida del mundo. Directora general del
DIF del estado de México y subsecretaria de Desarrollo Regional del
Valle de Toluca, Cruz Sánchez durante la última administración estatal
había sido también vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y
Bienestar Social donde demostró poquísimo interés en frenar la violencia
contra las mujeres de su entidad, una de las más peligrosas del país.
De hecho, cuando en julio de 2012, siete menores de edad resultaron
agredidas sexualmente al ser asaltado por una banda de 12 hombres y una
mujer, un retiro espiritual juvenil, donde confluyeron 85 personas en el
parque ecológico Colibrí de la zona boscosa de Ixtapaluca y dos de las
niñas fueron violadas,[2] ella apenas levantó la voz.
Un panorama en pocas palabras, casi
violento en su inmutabilidad, que había sido conjurado por Amnistía
Internacional en julio de 2012 cuando en Londres afirmó que, en vez de
mejorar, la situación de las mujeres en México está empeorando.[3]
En menos de tres años, en efecto, la
incidencia de los feminicidios ha pasado del 6% de todos los asesinatos
al 9%. Si entre 1985 y 2009, los asesinatos de mujeres en el país
ascendieron a 34,000, sólo en 2010 fueron 2,418.
Creo que después de estos datos es el
momento de reflexionar sobre qué es lo que el feminismo piensa del
derecho a la buena vida de las mujeres. ¿Vivimos mejor las mujeres que
hace 50 años? ¿Cuáles mujeres y dónde? ¿Las políticas públicas
tendientes a la superación de la discriminación han logrado algo más que
separar a las mujeres entre dirigentes, explotadas y desempleadas? Yo
creo que sí, la historia del feminismo lo demuestra. Tenemos derechos
civiles, aunque no hayamos logrado superar el clasismo, el racismo, las
diferencias etarias y la discriminación de niñas y mujeres. Creo que
tenemos un más amplio acceso a la educación, a pesar de las
restricciones que ha sufrido la educación de masas por el embate del
neoliberalismo. Nuestras sexualidades se explayan con una mayor
autonomía de la complementariedad entre los sexos, idea que sostuvo la
heteronormatividad por siglos. Estoy segura de que yo y la mayoría de
las mujeres letradas urbanas somos más libres de la necesidad de
protección de un hombre de lo que se sintieron jamás nuestras madres,
abuelas y bisabuelas; no obstante, la historia inmediata me dice también
que no hay logro que esté garantizado: el proceso de liberación de las
mujeres no está a salvo de ser revertido por el embate de fuerzas
reaccionarias, sobre todo cuando pierde el equilibrio porque deja de
avanzar.
Según una investigación realizada en doce
países de América por la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), en colaboración con
los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados
Unidos (CDC), todas entidades que no pueden ser consideradas ni
mínimamente feministas, entre el 17 y el 53% de las mujeres
entrevistadas (¡180,000!) han reportado haber sufrido o sufrir violencia
o abuso por ser mujeres. Sin embargo, el 64% de ellas no buscó ayuda ni
denunció porque la transgresión de los derechos humanos implícita en la
violencia contra las mujeres no se registra como tal ni siquiera por
las víctimas.[4]
Pero veamos si las acciones de los
institutos y los centros de apoyo a las mujeres y las ONG que colaboran
con ellos en “políticas públicas” han incidido realmente en un cambio
cultural para revertir la misoginia en México, país donde en enero una
niña de 9 años dio a luz una bebé fruto de una violación de un muchacho
de 17 años[5]
y el 4 de febrero el presidente municipal de Acapulco, Luis Walton
Aburto, tuvo la desfachatez de afirmar que las violaciones se comenten
en todo el mundo, para minimizar el hecho que cinco delincuentes
armados, tras asaltar a 14 turistas, violaron a las seis mujeres del
grupo.[6]
Por supuesto, ningún instituto de las
mujeres es feminista, ni uno siquiera se esfuerza para frenar que la
prensa y la televisión se dediquen a re-significar el feminismo como el
machismo de las mujeres, aunque en el DF hayan atendido 20 000 mujeres
en un año al darle apoyo jurídico y psicológico. Por otro lado, en las
marchas de oposición se le llama “puta de cabaret” al político que se
quiere denostar y hay policías que creen que la trata de mujeres no es
un delito muy grave. No obstante, el liberalismo ha descubierto que el
segundo sueldo de una familia es indispensable para mantener en
crecimiento el consumo y fomenta el trabajo complementario de las
mujeres en una estructura de pareja, sin derechos laborales ni horarios
que se acoplen a actividades placenteras: el estudio, la crianza de las
hijas/os, el disfrute del tiempo libre. Estos hechos nos develan una
paradoja: con el derecho al trabajo asalariado las mujeres en 50 años
hemos logrado institucionalizar la doble jornada, sin acceder a la
liberación individual y perdiendo el sostén marital al trabajo
doméstico.
Paralelamente, la generalización y el
aumento de los feminicidios remiten de inmediato a una falta de
compromiso real de las autoridades para con la buena vida de las
mujeres. Con movilidad laboral pero sin libertad de movimiento, con
autos pero sin tiempo para sentarse en una banca a leer, con escasos
trabajos y la amenaza de perderlos en cualquier momento, con calles,
fronteras y lugares de esparcimiento cada día más militarizados y
peligrosos, las mujeres sufrimos los embates de una cultura
hiperindividualista y consumista que nos transmite prejuicios contra la
solidaridad entre iguales y una perniciosa suspicacia hacia todas las
actividades que no reditúan ganancias. Del bullying o acoso escolar, pasamos a la competitividad universitaria y de ahí transitamos al mobbing
o intimidación laboral. La falta de cultura política nos aleja del
activismo que podría reunirnos alrededor de la consecución de un logro
común, despertándonos interés y camaradería. Las mujeres estamos cada
día más solas; la liberación de las cadenas familiares sin liberar a la
cultura de los prejuicios contra la sexualidad y la amistad nos aísla,
orillándonos a relaciones de noviazgo y de pareja violentas, plagadas de
celos, exigencias y descalificaciones.
¿Quién exige hoy una educación inclusiva,
una ética de la información y un efectivo respeto a las formas de
organización y producción de las mujeres en un mundo ecológicamente más
estable y económicamente menos consumista? Las feministas y pequeños
grupos de hombres que han asumido una metodología feminista de grupo de
autoconciencia y trabajan colectivamente para liberarse del mandato de
géneros patriarcal que les exige ser violentos e insensibles. Hombres
que se están percatando que “hombre” no significa ser humano y que la
impartición de justicia no descansa ni en el uso de las armas ni en el
abuso de las cárceles.
Ahora bien, desde su creación en enero de
2001, para garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres,
el INMUJERES se propuso siete objetivos estratégicos:
1. Institucionalizar una política
transversal con perspectiva de género en la Administración Pública
Federal y en el sector privado;
2. Garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación;
3. Acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad y la protección civil;
4. Acceso a una vida libre de violencia;
5. Fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades y reducir la desigualdad de género;
6. Potenciar su autonomía económica en favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo;
7. Impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación y representación en espacios de toma de decisiones en el Estado.
A nadie le queda claro qué significa
institucionalizar una política ni impulsar el empoderamiento, ni cómo se
va a garantizar el acceso a una vida libre de violencia, pero, bueno,
el uso de una terminología importada y vacía es parte de la expresión de
todas las burocracias que no revisan sus prácticas autoritarias. Decir
que se hacen cosas que no tienen significado para la más común de las
receptoras es una forma de imposición despótica. No obstante, algo más
grave es que una institución no le pida a las ciudadanas para las cuales
ha sido instituida qué desean y no pueda llevar a cabo lo que le da
sentido.
Según el ya citado Informe de Amnistía
Internacional ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación de
la Mujer de la ONU, la impunidad ante la violencia creciente y la
discriminación contra las mujeres en México se da a pesar de las leyes
que se han aprobado en los últimos años, debido a que las autoridades
del país no protegen a las víctimas de la violencia de género ni
garantizan que los responsables respondan ante la justicia y sean
reeducados.
“En los últimos años, México ha aprobado
varias leyes y creado instituciones destinadas a proteger a la mujer de
la violencia. Sin embargo, gran parte del problema radica en la no
aplicación efectiva de estas leyes y en la debilidad de las
instituciones”, dijo el autor del informe, Rupert Knox, en un
comunicado emitido desde su sede en Londres.[7]
Amnistía Internacional apunta que la
violencia suele ir ligada a las agresiones sexuales, que son minimizadas
e invisibilizadas por un sistema de justicia indiferente que se
sostiene en diversos patrones culturales, fomentando que muchas familias
prefieran no denunciar una violación sexual o un acto de acoso al no
confiar en las instituciones ni en los agentes. Por ejemplo, el
Ministerio Público de México recibió en 2009 casi 15,000 denuncias de
violación en todo el país, pero AI calcula que en realidad se produjeron
alrededor de 74,000 ya que sólo un 15% de las agresiones sexuales se
denuncian. De los casos llevados ante los tribunales, únicamente 2,795
terminaron con una condena y algunas de las víctimas, en particular las
mujeres de los pueblos indígenas (los delitos contra las cuales quedan
en la impunidad por la mezcla de patrones sexistas y racistas de los que
una cultura política autoritaria no quiere deshacerse), tuvieron que
llevar su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
haciendo que México, por ejemplo, fuera condenado por el caso de Inés y
Valentina, dos mujeres mee’ phaa violadas por militares en Guerrero.
La impunidad ante los crímenes contra las
mujeres, siendo que 6 de cada 10 son o han sido víctimas de alguna
agresión sexual, ha provocado que muchas emprendan acciones de
visibilidad y campañas para proteger sus derechos. A raíz de ello, en
los últimos años las activistas y defensoras de los derechos humanos de
las mujeres se han convertido en el blanco de una violencia misógina sin
límites, delincuencial, privada y aún policiaca, que redunda en una
cultura del desprecio de la vida y las actividades femeninas.
Las alternancias políticas no redundan en
beneficio de las mujeres. Tal y como los municipios autónomos, los
grupos, colectivas y espacios feministas saben que un partido vale otro a
la hora de menospreciar sus demandas de buena vida. En Oaxaca, por
ejemplo, el colectivo ciudadano Huaxyacac denunció que de 2010 a 2012
se registraron 173 casos de feminicidios en el estado, evidenciando que
la alternancia política no contribuyó a la reducción de los asesinatos
de mujeres y niñas. Por el contrario, el número de estos delitos aumentó
cerca de la mitad, si se compara con los 115 casos que se registraron
durante los últimos dos años de la muy autoritaria y brutal gestión de
Ulises Ruiz.
Según el informe “¡Justicia ya!”,
presentado en febrero recién pasado, la violencia familiar y los ataques
y abusos sexuales son un drama continuo en la vida de las mujeres y
niñas oaxaqueñas, porque su constante repetición termina por hacerlos
ver como “normales y aceptables” por la sociedad. “Este tipo de
violencia es mucho más frecuente de lo que aparece en las estadísticas,
así como una de las que menos se denuncian y de las más estigmatizadas
por la sociedad y los servidores públicos, pues se tiene la mal fundada
creencia de que la mujer es quien la ‘provoca’”.
Las oaxaqueñas, sin embargo, tienen muy
detectados los casos de violencia obstétrica y los partos por cesáreas
innecesarias como violaciones sistemáticas de los derechos humanos a la
hora de la atención en el embarazo y el nacimiento, no respetando la
integridad corporal de la mujer. Saben que, sin embargo, el Instituto de
la Mujer Oaxaqueña no hace mucho para erradicarla de las instituciones
de salud pública. Tampoco obtiene resultados en los casos de
desapariciones vinculadas a las redes de tráfico de personas para fines
de explotación sexual, ni puede prevenir los casos de suicidios fruto de
la violencia de género.
Las feministas y defensoras de las
mujeres oaxaqueñas han llamado la atención sobre la necesidad de
incrementar la sensibilización y la conciencia social y de reformar las
políticas en defensa a la vida de las mujeres mediantes programas
escolares, mediáticos y jurídicos para evitar “la normalización y
aceptación pasiva de actos dolorosos e indignantes contra mujeres y
niñas”. La capacitación de profesionales en el área de salud y en el
área jurídica debería ser una prioridad para el Instituto de la Mujer
Oaxaqueña, así como la aplicación de políticas públicas de “Tolerancia
Cero para la Violencia de Género en el Gobierno Estatal” y la demandada
implementación de programas reeducativos en los Centros de Reeducación
para Agresores, ya previsto en la Ley de Acceso para las Mujeres a una
vida libre de violencia de género.[8]
Las feministas hoy sabemos que la acción
misógina en contra de las mujeres se ha renovado, siendo más astuta y
soterrada que hace 50 años, cuando el machismo pecaba de ingenuidad. Los
hombres y sus instituciones se han hecho de un lenguaje y una ley
políticamente correctos que obvian las expresiones más abiertamente
reconocibles de discriminación, pero que fortalecen de hecho las
desventajas reales y simbólicas de lo relacionado con el mundo femenino.
Se habla positivamente de los retos y la competitividad mientras se
ningunean los valores de la calma y el respaldo mutuo. Los derechos de
los padres se construyen sobre el despojo de los derechos que las madres
lograron después de que por siglos fueron arrancadas de sus hijos por
una ley de familia que sólo los veía a ellos como pater familiae.
La economía sustituye a la moral en nombre de la sensatez liberal para
lograr lo mismo: ahora a las madres se les quita la custodia de sus
hijos porque ganan menos que los padres. De la misma forma, los hombres
europeos, estadounidenses, canadienses y australianos logran siempre la
custodia de sus hijos cuando las madres son latinoamericanas, asiáticas o
africanas. Racismo y sexismo, una vez más van de la mano. Además en
África, Asia y Latinoamérica, esgrimen las y los jueces europeos de lo
familiar, las escuelas no tienen nivel, las calles son peligrosas, la
sociedad corrupta. Las discriminaciones se suman impunemente a las
discriminaciones.
Cuando en 1981 se redactó la Convención
para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer era obvio que no se podía seguir tolerando que las mujeres no
votaran o no tuvieran acceso a la escuela; no obstante, sus derechos
políticos siguen siendo violados por gobiernos donde las diputadas y
senadoras están en flagrante minoría y las academias omiten a la hora de
otorgar becas los intereses de las estudiantes hacia los aportes de sus
congéneres o la concreta realidad de esas jóvenes que quieren tener
hijos o cuidar con afecto a sus mayores. Personalmente considero aún más
grave (siendo mucho menos visible) que las mujeres no tengan opciones
de elección que no sean las dictadas por una sociedad que las desprecia
intelectualmente, suponiéndolas débiles e incapaces de esfuerzos
conceptuales, discontinuas en sus decisiones, exigiéndoles repetidamente
“pruebas” de obediencia a patrones excluyentes y androcéntricos.
Siendo la mitad de las matriculadas en
las universidades públicas, sus investigaciones siguen sin tener
reconocimiento de “universalidad” (sólo la masculinidad sigue siendo
ecuménica, pues) y sus esfuerzos laborales reciben entre el 3 y el 24%
menos remuneración que los de los hombres.[9]
En el ámbito de las artes se presume su falta de originalidad en la
creación; si hacen filosofía, se infiere que sus argumentos son
parciales; si sostienen una historia múltiple se sospecha la parcialidad
(por lo menos, mientras la idea no sea retomada por un grupo de estudio
masculino). Casos gravísimos, como el de Derrida que nunca le reconoció
a Luce Irigaray el descubrimiento del valor positivo de la diferencia o
la definición de Cien años de soldad de Gabriel García Márquez como el primer libro del realismo mágico cuando Elena Garro había publicado un año antes Los recuerdos del porvenir,
evidencian que es la voz masculina la que hace aceptable social e
intelectualmente una idea transformadora. La discriminación sexista
tiene hoy el rostro de la descalificación de lo femenino. Se cuestiona
la palabra puta, denunciando que lo que se prostituye tiene la marca de
la condena de la sexualidad vendida de las mujeres, pero se habla sin
recato del servicio sexual y de las y los sexo-servidores omitiendo que
el cuerpo para el otro, el cuerpo para y de servicio (y el servicio del
cuerpo) construye a la mujer en la historia patriarcal.
La sexo-servidora es a la puta lo que lo
políticamente correcto a la injuria: un insulto disfrazado, una
descalificación que refuerza la marginación sin evidenciar la
segregación que nos asusta y ofende como bueno/as ciudadano/as.
Así ahora a las feministas nos resulta
muy enredada la tarea de liberarnos de los roles, comportamientos y
marcas de género que definen qué es una mujer o un hombre en la
sociedad, partiendo de la identificación de lo humano con lo masculino y
de lo femenino con lo que hay que superar.
Y nos la hacen más difícil aún las
instituciones que barajan las acciones de impartición de una justicia no
sesgada por prejuicios sexo-genéricos con acciones específicas de
instancias burocráticas de cabildeo. Que dejan para un después
indefinido la urgente necesidad de una educación que desde la primaria
no discrimine los aportes y las necesidades de mujeres y hombres. Que
confunden la repetitiva comisión de un delito con una costumbre. Que no
censuran, denuncian y persiguen legalmente a los empresarios y políticos
que ofenden a las mujeres, su condición sexual y sus derechos. Que son
permisivas con la violencia patriarcal y la supremacía del hombre en la
ley. Y que no proponen la puesta en práctica de capacidades y recursos
en el trabajo colectivo de intercambio de experiencias y de tomas de
decisiones no individualistas, sino la vigorización del autoritarismo de
algunas mujeres por encima de la colectividad, reconociéndolas como
lideresas o caudillas.
Es sólo desde el movimiento, el conjunto
de acciones pequeñas, reflexivas y pactadas, que la sociedad de las
mujeres se expresa y retoma su afán transformador de la realidad de las
mujeres. De esa forma se han tejido las redes de activistas contra la
desaparición que escuchan a las madres de los y las migrantes
centroamericanas en México y señalan la trata, la esclavitud y los
asesinatos por extorsión que comete un crimen organizado que se sostiene
en la corrupción. Es de estos grupos de madres y de activistas que
Amnistía Internacional ha sabido de la situación de las emigrantes
irregulares procedentes de Centroamérica que cruzan México para llegar a
Estados Unidos, que también son víctimas habituales de crímenes contra
la vida y la integridad física y sexual y que están sometidas a un mayor
grado de desprotección.
Los colectivos, las relaciones autónomas
de mujeres, los trabajos de pequeño grupo son antiautoritarios, pues no
obedecen mandatos de superiores jerárquicas y se enfrentan a los
preocupantes repuntes de la violencia contra las mujeres. Son redes,
encuentros, equipos de mujeres que se tejen entre sí porque se confían
unas a otras. En efecto en la actualidad existe un gran malestar de las
mujeres ante nuevos patrones de conducta que no responden a sus deseos y
que desean externar: sienten la opresión cultural por el cuerpo delgado
impuesto como sinónimo de salud y estética, registran el control que el
miedo ejerce sobre su libertad de movimiento y expresión, anotan las
necesidades construidas por la publicidad, razonan acerca de una
sexualidad poliamorosa, alejada de los patrones matrimoniales que el
sistema recicla a través del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Algunas se reúnen para aplicar sus artes a decir que no a la violencia
criminal y a la violencia de estado: mujeres que bordan contra los
feminicidios, pintoras que marcan con siluetas fantasmales las puertas
de las casas donde se ejerce violencia doméstica, artistas visuales que
hacen performances contra las maternidades secuestradas e intervienen
espacios urbanos, escritoras que elaboran denuncias poéticas acerca de
la censura de las expresiones femeninas no amordazadas. Hay colectivos
que se reúnen para escrachar en los muros o en internet a profesores que
acosan a sus estudiantes, a maltratadores, a policías corruptos, a
padres que no pagan los alimentos de sus hijos. Las feministas de hoy
saben que no pueden renunciar a la justicia, delegando su poder a
organismos que institucionalizan pobremente su gran potencial de cambio.
Si las mujeres del municipio de Cherán
detuvieron los camiones de los talamontes porque cuando cruzaban por su
comunidad las intentaban raptar para violarlas, las mujeres ñuu saavi de
la Costa-Montaña de Guerrero pelean juntas contra el hambre que atenaza
a sus hijas e hijos, las mixes se organizan como trabajadoras
asalariadas del hogar en las ciudades donde migran. Todas desconfían de
los partidos y del estado, están hartas de instituciones que llegan a
decirles cómo deben actuar y qué deben sentir para ser sí mismas,
sujetas de su activismo. Actúan desde su colectividad. Así las rockeras,
las comunicadoras, las cuentacuentos que buscan formas diferentes de
convivencia y relación.
Los feminismos, diversos, atomizados, se
avivan ahora del rescoldo de la fogata encendida hace 42 años (en
México) por esas mujeres, nietas desconocidas de sufragistas y
anarquistas, que quisieron experimentar el camino de la liberación,
deshaciéndose del miedo al padre y al maestro, de la maternidad
obligatoria, del odio misógino.
Autónomas, indígenas, populares,
educadoras, en diálogo con hombres, disidentes sexuales, las feministas
no tenemos hoy los mismos problemas que hace 42 años, a la vez que no
hemos logrado superarlos. Sabemos que las estructuras familiares han
cambiado y que la presión sobre las instituciones ha provocado la
abertura de agencias especiales donde ir a denunciar los delitos
sexuales. También sabemos que nuestros compañeros de estudio y de
trabajo, así como las instituciones nacionales, no gubernamentales,
eclesiásticas e internacionales, se han vuelto muy taimados. Por
ejemplo, que las leyes nacionales y los convenios internacionales
existen aunque no tengan vigencia para darnos protección a las mujeres
en México, debido a la corrupción, la falta de acceso a la justicia y a
que la impunidad pone en riesgo toda la población del país, ya que sólo
una de cada 21 denuncias tiene seguimiento.
Atesoramos la conciencia que tenemos
poderes aunque el poder hegemónico sigue respondiendo a relaciones y
contextos de control masculino, como la pareja, la familia, el capital,
el trabajo y el estado. El ataque sexual, que en diferentes variantes
existe en todas las sociedades patriarcales, también puede tener
expresiones muy nuevas, a la vez que no ha superado formas atávicas de
furor contra las mujeres. Las nuevas relaciones sociales de inseguridad
laboral y de inestabilidad delincuencial favorecen formas de violencia
extrema contra las mujeres en nuevos contextos, en ocasiones regionales,
como las zonas de tránsito de migrantes, las maquilas, las ciudades
fronterizas, y en ocasiones temporales, como los periodos de guerra o
posguerra.
¿Cuál es el papel de los institutos de
las mujeres hoy, a sabiendas que siguen habiendo lugares donde no se han
instalado y ámbitos que evitan tocar, como los que molestan a
instituciones tan patriarcales como la iglesia católica? Garantizarnos
el derecho a la vida y a la integridad física, emotiva y sexual. No es
poca cosa en el segundo país más violento de América Latina contra las
mujeres, según el Índice Global de la Paz presentado por Naciones Unidas
en agosto del año pasado. Pero no se resuelve sin detener los
feminicidios y confrontar policías y gobiernos locales para que las
víctimas y sus familiares puedan acceder a la justicia y la reparación
del daño. Los institutos de las mujeres deben volver al diálogo con las
feministas, deben ir a escucharlas en sus pueblos, comunidades y
colectivos y no exigirle autoritariamente que vayan a presentarles
“pliegos petitorios” que no cumplirán.
Las feministas confiarán en el sostén que
los institutos de las mujeres pueden representar para sus exigencias,
cuando éstos recojan las demandas de coeducación, de libertad en la
elección de las formas de acceso a la salud para poner fin a la
violencia durante la gestación y el parto. Cuando se abstegan de
intervenir en las construcciones de redes afectivas imponiendo
matrimonios para brindar derechos a la salud, la residencia y la pensión
y sostengan los esfuerzos contra la violencia en el noviazgo y las
convivencias, garantizando la igualdad de oportunidades de trabajo,
estudio y expresión de los deseos de cambio.
Mientras no se impongan en todos los
ámbitos de la impartición de justicia, logrando poner fin a los
feminicidios y a la violaciones de las migrantes, los institutos de las
mujeres seguirán mostrando a las feministas sólo el rostro de su
inoperancia.
[5] El 27 de enero de 2013 en el hospital de Zoquipan, Jalisco
[9] Las
mujeres, en igualdad de condiciones, cobran menos que los hombres. La
diferencia de sueldo en España es del 15,3% de media y, “en ningún caso,
las mujeres perciben mayor remuneración que los hombres ni por
condicionantes personales, ni empresariales, ni geográficas, ni de
competitividad. Así se desprende del estudio, “Determinantes de la
Brecha Salarial de Género en España”, presentado hoy conjuntamente por
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Consejo
Superior de Cámaras. Los hombres ganan un 20% más que las mujeres en
salario fijo, pero la brecha es más notable respecto a la remuneración
variable. En incentivos las mujeres cobran un 37% menos que sus
compañeros. Son los puestos de responsabilidad los que presentan un
mayor porcentaje de desigualdad salarial. Ellas cobran un 25,9% de media
menos que en los de baja responsabilidad (12,9%). Los de dirección
ocupados por mujeres se retribuyen con un 33,2% de media menos, mientras
que en administración o servicios técnicos la diferencia es un 29,9% y
un 20,3% menos, respectivamente”.
http://www.expansion.com/2012/12/13/empresas/1355421743.html
“La desigualdad de ingreso entre mujeres y hombres en México es el
doble de la que prevalece en el promedio de América Latina. La
diferencia en las remuneraciones por género no sólo pone en evidencia un
fenómeno de discriminación. Impedir que las mujeres obtengan ingresos
que merecen no sólo es incorrecto, sino también perjudicial para la
economía, advirtió el Banco Mundial.”
http://www.jornada.unam.mx/2011/09/19/economia/034n1eco
* Texto tomado de:
http://francescagargallo.wordpress.com/dudas-y-practicas-autonomas-feministas/
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Autonomía
[foto de marian pessah, 2009]
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